También en el pasado, como ya hemos indicado varias veces en este blog, hubo epidemias que afectaron a la población mundial, europea, española y también a la de nuestro municipio, desde la llamada peste negra a la actual COVID-19, pasando por otras como la viruela, la fiebre amarilla, el cólera, las tercianas, el sarampión, la gripe… En el siglo XIX fue especialmente virulento el cólera. En nuestro país, el Gobierno, a través de medidas legislativas, creó las llamadas Juntas de Sanidad (Superior, Provinciales, de Distrito y Municipales), encargadas de velar por la higiene y la salud de todos los españoles. Estas, en colaboración con los organismos provinciales y los Ayuntamientos, ejercieron un papel fundamental en la organización de la sanidad española en la centuria decimonónica y principios del XX, sobre todo en épocas de epidemias. En estos siglos, fueron especialmente malignas en nuestro municipio las de cólera de 1834, 1855 y 1885, las de viruela en el lustro 1873-1877 y la de gripe en 1918-1919.
Aunque hay algunas referencias sobre el funcionamiento de estas Juntas en siglos anteriores, sobre todo de la Suprema, fue en el XIX, cuando se constituyeron formalmente las distintas Juntas de Sanidad. En Alcalá la Real, la primera noticia encontrada es en un acta de Cabildo de 6 de junio de 1801, en la que se vio lo gastado por la Junta de Sanidad en el socorro y curación de los pobres enfermos de la aldea de Santa Ana con motivo de la epidemia de tercianas de la segunda mitad del año anterior.
El origen formal de las Juntas Municipales de Sanidad lo encontramos algunos años después en un decreto de las Cortes de Cádiz, de 23 y 26 de junio de 1813, que recogía el Gobierno Económico-Político de las Provincias. En su capítulo I, “las obligaciones de los Ayuntamientos”, artículo 4º, decía que se formaría cada año, por el Ayuntamiento, donde el vecindario lo permita, una Junta de Sanidad.
Desde entonces han sido muchos los cambios sufridos por estas Juntas, tanto en su composición, como en sus funciones. Sus miembros pertenecían a sectores muy diversos: regidores, párrocos, hombres buenos y profesionales sanitarios. Con el paso del tiempo estos últimos aumentaron su representación. En la Ley de Sanidad de 1855 se reguló la presencia de cuatro especialistas: médico, farmacéutico, cirujano y veterinario. A destacar su carácter consultivo y la escasez de recursos de que disponían para hacer frente a las muchas necesidades que había, dada la gran cantidad de población desfavorecida.
A modo de ejemplo citamos algunas actuaciones llevadas a cabo por la Junta Municipal de Sanidad de Alcalá la Real en los años centrales del siglo XIX. Por este tiempo, se constituyó el 12 de julio de 1847 en la sala capitular del Ayuntamiento. En sesión celebrada el 14 de abril de 1849 se leyeron las Reales Órdenes de 28 y 30 de marzo último en las que el Gobierno comunica las disposiciones a observar si aparece el cólera morbo asiático; también se constituyó la Comisión Permanente de Salubridad Pública, encargada de elaborar un informe sobre el estado higiénico-sanitario de la población alcalaína, con el fin de tomar las medidas necesarias para preservar nuestro municipio de la epidemia o, en el caso de que se presentase, de atenuar sus efectos. Dicho informe, muy interesante, fue presentado a la Junta el 30 de junio de 1849.
Antes de la epidemia colérica de 1855 destacamos la sesión celebrada el 5 de septiembre de 1854, en la que se leyeron dos Reales Órdenes de 25 y 26 agosto, que prohibían los cordones sanitarios.
En 1855 son varias las sesiones celebradas. En la correspondiente al 28 de abril, aún no se padecía el cólera en Alcalá, se supo que no había fondos suficientes para atender a las necesidades existentes. En la de 30 de junio se reconoció de forma oficial la existencia de algunos casos sospechosos de cólera. En la de 24 de julio se prohibió el toque de campanas a muerto y para la Extremaunción con el fin de no alarmar al vecindario. La autorización de la Diputación Provincial para utilizar los fondos de Beneficencia y para acudir a la filantropía de los alcalaínos se presentó en la sesión celebrada el 2 de agosto. En los días siguientes aumentó el número de fallecidos y la Junta volvió a reunirse el día 13. Entre otros acuerdos destacan la desinfección con romero de las calles más afectadas, la división del pueblo en tres cuarteles, siendo atendido cada uno de ellos por un médico, y el agradecimiento al párroco de Santo Domingo por los servicios prestados. La población se declaró libre de cólera en la sesión de la Junta de Sanidad celebrada el día 9 de septiembre de 1855.
En estas décadas centrales del XIX también queremos referirnos a la Junta Municipal de Beneficencia, que se encargaba de ayudar a los sectores más desfavorecidos de la población alcalaína: pobres, viudas, huérfanos, expósitos, mendigos… Sirva de ejemplo la reunión celebrada por esta Junta el 27 de abril de 1849, en la que se acordó vacunar de la viruela a los dos o tres niños cuneros más robustos. La vacunación de los expósitos volvió a tratarse en sesiones celebradas el 24 de mayo y el 12 de 1851 y en años posteriores.
Si nos trasladamos a la pandemia actual, observamos que en esta gestión han perdido protagonismo las instituciones locales, si bien nos consta que en nuestro Ayuntamiento, en un primer momento, hubo una Comisión de Seguimiento, que tuvo varias reuniones presenciales y una telemática durante la primera ola. En la segunda se hizo una presencial en el salón de plenos y posteriormente hubo contactos entre los portavoces de los distintos partidos políticos para acordar bandos y otras medidas que, junto con los datos de la evolución de la pandemia, han sido trasladados permanentemente a la población alcalaína, a través de los canales informativos del propio Ayuntamiento y de los medios de comunicación. No nos olvidamos de la labor realizada por los Servicios de Epidemiología del Distrito Jaén-Jaén Sur. Sus técnicos se han encargado de la recogida de datos, procesamiento…, así como de asesorar al Comité Territorial de la provincia y dar a los responsables sanitarios las pautas de actuación a seguir.
Por el contrario y, como consecuencia de vivir en un mundo globalizado, sí que hemos oído o leído con mucha frecuencia el nombre de organismos internacionales, también de otros de carácter nacional, autonómico o provincial, que han gestionado la evolución de la pandemia de COVID-19 con actuaciones muy diversas, que van desde la detección a la prevención, pasando por el seguimiento, la investigación, los análisis comparativos, la vacunación… Seguidamente, escribimos sobre ellos brevemente.
A nivel internacional la institución más elevada es la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de gestionar políticas relacionadas con la prevención, promoción e intervención de la salud a nivel mundial. Recordamos que el día 11 de marzo de 2020, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la COVID-19 podía considerarse como una pandemia.
Para hacer frente a la COVID-19 los poderes públicos, los científicos, los grupos farmacéuticos… han apostado por la puesta en marcha de distintas vacunas. En el continente europeo ha jugado un papel significativo la Agencia Europea de Medicamentos(EMA), agencia descentralizada de la Unión Europea (UE), responsable de la evaluación científica, la supervisión y el seguimiento de la seguridad de los medicamentos en la UE. Entre otras funciones, ha sido la encargada de avalar las vacunas que se aplican en la UE; hasta el momento son cuatro: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.
Una función similar, pero en nuestro país, lo ha desempeñado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad, y responsable de garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente. Entre sus últimas actuaciones destacamos el “Análisis contextualizado de beneficios y riesgos de la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca”.
Desde el principio de la pandemia, allá por el mes de marzo de 2020, han sido frecuentes las ruedas de prensa que ha dado Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Este organismo, dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, se encarga de coordinar la gestión de la información y apoyo en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la población española.
En relación con el proceso de vacunación y a través de los medios de comunicación hemos conocido la labor desarrollada por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Entre otras funciones, ha aprobado las distintas actualizaciones de la Estrategia de Vacunación. En el último mes la actualización 6, que mantiene el intervalo entre dosis de vacunas de 21 días para la de Pfizer y de 28 para la de Moderna.
Para garantizar la equidad en las prestaciones sanitarias de todos los españoles, sea cual sea la comunidad en la que vivan, se creó en 1987 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Desde que se inició esta pandemia han sido muchas las ocasiones en las que hemos tenido noticia de sus reuniones, a las que han asistido, de forma telemática, el ministro/a de Sanidad y los consejeros/as de las distintas comunidades autónomas.
En nuestra comunidad autónoma, ha tenido un especial protagonismo el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, más conocido como Comité de Expertos, que se ha encargado de asesorar al Ejecutivo andaluz sobre las medidas a tomar, según la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. En su última reunión, celebrada el pasado 6 de mayo, trató sobre las fases a seguir en el proceso de transición a la normalidad en Andalucía a partir del 9 de mayo: estabilización, avance y normalización.
A nivel provincial, han sido los Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de las distintas Delegaciones provinciales los que han decidido las medidas a tomar en los municipios de cada provincia. En el último mes el Comité de Jaén acordó el cierre perimetral de nuestro municipio al alcanzar la tasa de incidencia acumulada a 14 días los 500 casos por 100 000 habitantes, o el cierre de la hostelería y el comercio no esencial cuando esta tasa fue superior a 1 000.
Indudablemente la creación de instituciones dedicadas a velar por el estado sanitario de la población ha sido un gran logro en la lucha frente a la enfermedad. Así se puede comprobar en las entidades del pasado, en las que la perspectiva temporal nos permite analizar las medidas tomadas y sus efectos sobre la propagación de las epidemias. Análisis como el informe al que antes se ha hecho referencia sobre el estado sanitario de Alcalá la Real a mediados del siglo XIX, o las medidas frente al cólera son claros ejemplos de ellos. Sin embargo, todas estas medidas no evitaron en ocasiones algunas sombras en su funcionamiento, como la reticencia por parte de las instituciones responsables a declarar epidemias o a establecer cordones sanitarios en pueblos y ciudades a pesar de que había constancia de la presencia de casos en las poblaciones. Y la pandemia actual tampoco ha estado exenta de casos similares; a pesar de que se veía el avance de la nueva enfermedad, la mayoría de los países tardó en admitir el progreso de la pandemia; en ese desconcierto inicial no se vio la necesidad de las mascarilla como un elemento preventivo imprescindible para evitar contagios, algo totalmente necesario. La Organización Mundial de la Salud admitía en julio de 2020 la posibilidad de lo que hoy es una certeza, la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles, algo que era demandado por la comunidad científica pero que la propia OMS era reticente a reconocer.
Y un nivel más cercano, seguimos viendo cómo distintos gobiernos autonómicos parecen mostrar disparidad de criterios ante la aplicación de las restricciones en las últimas oleadas de la pandemia o incluso cómo los criterios para la administración de las vacunas en la población cambian en cuestión de días sembrando el desconcierto en los ciudadanos, a pesar de que las pautas de vacunación están bien establecidas tanto por las famacéuticas como por las propias instituciones sanitarias. Y es que en algunos aspectos, la historia se resiste a cambiar.
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